jueves, 25 de junio de 2020

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑON


CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN DE MADRID
Ante la intención de Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid de privatizar un nuevo servicio público, en este caso el Servicio de Limpieza del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, mostramos nuestra repulsa a dicha decisión política encaminada a favorecer el beneficio económico privado y a renunciar al control y gestión pública.
Las representaciones sindicales de UGT - CSIT-UP – MATS -AMYTS comienzan un calendario de acciones encaminadas a la defensa de este servicio y sus profesionales. La Plataforma abajo firmante respalda sin lugar a dudas sus protestas, concentraciones y los paros organizados los días 25/26 de junio en turnos de mañana, tarde y noche. Igualmente apoyamos la organización de huelga  que comenzará  a las 8h del día 29 de junio y durará hasta las 8h del 1 de julio. Así mismo pedimos el apoyo presencial y moral en todas las acciones organizadas para la defensa de este servicio público.
Un servicio de limpieza tan importante en un centro de Atención Especializada del SERMAS (Hospitales), tiende a ser atacado nuevamente por las políticas conservadoras y neoliberales y la reacción de la sociedad madrileña debe ser moral y éticamente comprometida con su defensa.
La plantilla, que corre peligro de ver sus derechos laborales cercenados, es de 353 personas profesionales, incluidas las nuevas contrataciones llevadas a cabo durante el estado de alarma y la pandemia de la Covid-19. Privatizar ahora el servicio, entendemos que es un injusto y deleznable pago al esfuerzo realizado por estos profesionales.
Reivindicamos una gestión pública y participativa de todos los servicios públicos sanitarios, el servicio de limpieza del Hospital Gregorio Marañón y todos sus análogos privatizados en los últimos tiempos.
EXIGIMOS QUE LA GESTIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SANIDAD SE REALICE DE MANERA PÚBLICA DIRECTA

jueves, 18 de junio de 2020

EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEGUIRÁ EN MANOS PRIVADAS


EL AYUNTAMIENTO DE MADRID VUELVE A DEJAR LA GESTIÓN DE LA AYUDA A DOMICILIO EN MANOS DE EMPRESAS ESPECULATIVAS
RESULTA INADMISIBLE, PORQUE CON TODO LO QUE HA PASADO, SABEMOS QUE EL ÁNIMO DE LUCRO ES INCOMPATIBLE CON UNA DIGNA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la adjudicación de los 3 lotes del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a tres empresas que han destacado por incumplir reiteradamente contratos anteriores y tratar de manera temeraria a las personas dependientes a su cargo.
El contrato, con una duración de 3 años (de julio de 2020 hasta junio de 2023) tiene un presupuesto total de 657.524.922,53 euros, y ha sido adjudicado a las siguientes empresas:
-        Lote 1 (distritos Retiro, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas-Canillejas), por un importe de 262.770.116,74€ (252.663.573,8 sin IVA), a la empresa Clece (del grupo constructor ACS).
-        Lote 2 (distritos Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas), por un importe de 201.935.670,85 € (194.168.914,29 sin IVA), a la empresa ASISPA.
-        Lote 3 (distritos Centro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Latina y Carabanchel), por un importe de 192.819.134,94 € (185.403.014,36 sin IVA) a la empresa QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU.
¿Qué conocemos de estas empresas adjudicatarias?
-        Clece S.A. pertenece al grupo constructor ACS (de Florentino Pérez), que tras la burbuja inmobiliaria se introdujo en el sector de servicios sociales. Entre otros lleva la gestión de numerosas Residencias de Mayores en toda España, y ha sido sancionada recientemente en varias ocasiones (años 2017 a 2018) por incumplimientos graves y muy graves.
-        ASISPA, es una asidua contratista con el Ayuntamiento de Madrid, en servicios como Personas sin Hogar, Centros de Día y Residencias de Mayores, Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. Es habitual su incumplimiento de los pliegos y su política de coacción y chantaje con el personal, negándose a aplicar el convenio colectivo, violación de la ley de prevención de riesgos laborales, y llegando a poner en peligro a las personas usuarias de estos servicios públicos al obligar a realizar labores sanitarias a personal sin formación.
-        QUAVITAE, una S.A. cuyo accionista principal es un fondo de inversión con sede en Londres “Intermediate Capital Group (ICG)”. Aunque especializado en la asistencia y servicios en el sector de la Sanidad, no pasan inadvertidas la copiosas denuncias de sindicatos, trabajadoras/es e incluso algún alcalde por su actuación en sus concesiones, también  durante el estado de alarma. Una estrategia clara de esta empresa, es la minimización de costes en personal y material que vienen denunciando en los últimos tiempos usuarios/as y trabajadoras/es.
Con esta nueva adjudicación, el Ayuntamiento de Madrid deja que los especuladores gestionen la atención a las personas dependientes, lo que perpetúa las graves carencias del servicio, la precariedad laboral y el despilfarro de los recursos públicos, ya que la privatización del servicio provoca un sobrecoste de 79.429.088´93€, entre impuestos, beneficio empresarial y otros.
EXIGIMOS QUE EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEA GESTIONADO DE MANERA DIRECTA POR EL AYUNTAMIENTO

jueves, 28 de mayo de 2020

DERECHO A LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA


REMOVER LOS OBSTÁCULOS PARA EL EJERCICIO DIGNO DEL DERECHO A LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Las administraciones públicas, Central y Autonómica competentes en esta materia, todavía no se han enterado que la ayuda a la dependencia es UN DERECHO reconocido por la Ley 39/2006, al que deben poner los medios para su disfrute pleno.
La Constitución Española (CE) tiene muchos artículos dedicados al ámbito de los derechos sociales, pero, al no tener un desarrollo normativo, la mayoría de ellos se quedan en la mera declaración. Es lo que pasa por ejemplo con el artículo 47 que establece “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”;  la realidad es bien distinta.
Es en 2006 (28 años después de la CE) cuando una norma reconocía y regulaba el derecho a la atención a la dependencia, que a partir de entonces obliga a las administraciones a cumplirlo; se creaba la herramienta necesaria para paliar un déficit institucional. No obstante esta norma nacía con dos defectos de origen:
-       Reconocía el derecho a la atención, pero no a la atención SUFICIENTE.
-       Establecía la prestación por cuidados en el entorno familiar (Art. 18), que aunque decía que sería excepcional, acabaría siendo el caso mayoritario, estimulado además por incentivos fiscales.
La conclusión es que la figura de la cuidadora familiar se convierte en el pilar fundamental que sostiene el sistema.
Unos presupuestos escasos, una derecha que ha sido beligerante contra la citada ley llegando a boicotearla en algunas Comunidades, y una gestión en manos de empresas privadas, (muchas de ellas Fondos Buitre), cuyo único interés es la obtención de beneficios privados, han dejado a esta ley maltrecha.
Ya se sabe que el disfrute a unos derechos está muy condicionado por el grupo social de pertenencia. Si se trata de un colectivo con pocos recursos económicos y sociales, como es el caso de las personas dependientes, tendrá más posibilidades de que no se disfrute como debería, lo que es una realidad patente a día de hoy.
Han tenido que morir de manera indigna miles de personas mayores en residencias, sin poder despedirse de sus seres queridos y en completo abandono, para que la sociedad tome algo de conciencia del asunto, y haya decidido decir “YA BASTA”.
Cualquiera de las modalidades de atención a la dependencia, sea la domiciliaria, la teleasistencia, la residencial o en centros de Día, tiene unas listas de espera que hacen que diariamente mueran 85 personas (30.000 al año) sin haber podido acceder a la prestación a la que tendrían DERECHO. ¿No deberían estar encarcelados e inhabilitados todos los cargos públicos responsables de este incumplimiento? Como vemos continuamente, la Fiscalía y la Justicia no son imparciales cuando los derechos de los débiles chocan con los intereses de personas o entidades que tocan poder.
¿Cuáles son los principales obstáculos para que la atención a la dependencia sea realmente un derecho del que se pueda disfrutar con verdadera dignidad? Se pueden concentrar en estos tres:
-       El poder económico, que se opone sistemáticamente a que el Estado en su conjunto dedique recursos a la atención social (“hay que adelgazar el gasto público”, dicen siempre, pero a la hora de pedir son siempre los primeros). Son  las empresas privadas las que gestionan casi toda la dependencia, y pretenden seguir disfrutando de los beneficios que les proporciona este sector de demanda segura y dinero público.
-       Las instituciones públicas, gestionadas generalmente por partidos políticos que, salvo raras excepciones, son los gestores de los intereses económicos antes citados, y por tanto se oponen a devolver al sector público lo que nunca debió gestionarse por intereses privados.
-       La mentalidad patriarcal, que por desgracia impregna con mucha fuerza nuestra sociedad, y que considera que el estado sólo debe intervenir cuando las personas dependientes no disponen de un apoyo familiar, obligando de esta manera a las esposas, hijas y familiares a cargar con estos cuidados, hipotecando su propia vida y salud, siendo las mujeres las depositarias de esta “responsabilidad social”.
Pretender avanzar en el derecho a una atención digna de la dependencia, supone combatir estos tres factores negativos, que se retroalimentan de manera continua. Sólo abriendo camino por ahí, se podrá conseguir que el ánimo de lucro quede fuera de la gestión de la dependencia, que la dotación presupuestaria cubra las necesidades reales y que el personal sea el adecuado, en número y cualificación, y con unas condiciones laborales decentes, lejos de la precariedad actual.  
Vivimos un momento de grave emergencia social, y es más urgente aún, emprender el cambio de sistema de atención a la dependencia para reconocer el derecho universal a la atención suficiente y de calidad por parte de los Servicios Públicos.
El Defensor del Pueblo, acaba de hacer público su informe anual, ocupándose como viene siendo habitual, de las carencias de las Instituciones públicas en la atención a la dependencia. En relación con las Residencias de Mayores afirma que “se requiere de un significativo esfuerzo presupuestario para dotar más plazas, y que “Es necesario un número suficiente de personal para prestar servicios en los centros residenciales. Por tanto, se requiere una profunda revisión al alza de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial, pues se han quedado manifiestamente desfasadas. Los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos.” (El subrayado es nuestro).
“En definitiva –prosigue el informe-, resultan necesarias reformas normativas de calado que garantice a los mayores el ejercicio de una serie de derechos y que se preste una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales que permita hacer frente a toda una serie de retos que hoy tiene planteado este sector, y que con toda seguridad se incrementará en un futuro inmediato”.
Procede exigir el establecimiento del derecho universal a la atención suficiente y directa por parte de los servicios públicos, lo que significa financiación suficiente (o sea incremento notable de la misma) para servicios públicos de calidad, suprimiendo las desgravaciones. Es una responsabilidad de los poderes públicos, que nos tocará recordar en la calle, si queremos salir de la dramática situación que vivimos en esta materia.

lunes, 4 de mayo de 2020

RESIDENCIAS DE MAYORES (VI) CAMPAÑA INFORMATIVA

Última entrega de la campaña informativa sobre residencias de mayores. Por una atención adecuada y condiciones laborales dignas. Gestión pública directa con todos los recursos necesarios.
Lo público se traduce en ayuda, lo privado en beneficios empresariales.


miércoles, 29 de abril de 2020

RESIDENCIA DE MAYORES (V) CAMPAÑA INFORMATIVA

La necesidad de reforzar la dependencia, hoy más que nunca, es una obligación.
No solo se ha de dotar económicamente la infraestructura de las residencias, hay que legislar apostando por lo público. Hay que terminar con las políticas que consienten la voracidad privada y de fondos buitre.


lunes, 27 de abril de 2020

RESIDENCIAS DE MAYORES (IV) CAMPAÑA INFORMATIVA

Continua la serie informativa que estamos poniendo al alcance de todas /os. El tema es de máxima actualidad y todos los medios audiovisuales se hacen eco del problema generalizado.
Desde la Plataforma queremos contribuir en la concienciación necesaria para defender la gestión pública y participativa ante el negocio privado.


domingo, 26 de abril de 2020

RESIDENCIAS DE MAYORES (III) CAMPAÑA INFORMATIVA

Volvemos con más datos y realidades. 
La falta de compromiso con la  gestión directa, y con la necesaria inversión que posibilite una adecuada prestación en materia de Residencias de Mayores es un clamor.

Mientras tanto, los beneficios privados que provienen de las arcas públicas por una gestión privada de las residencias, son la antítesis de lo deseado.