jueves, 7 de abril de 2022

PRÓXIMO ACTO DE LA PLATAFORMA: "L@S TRABAJADORES/AS SEGUIRÁN SIENDO FIJ@S SI SE REMUNICIPALIZA EL SERVICIO"

 


Madrid, 7 de abril de 2022



L@s trabajadores/as fij@s de una empresa subrogados a una administración publica "DEBEN MANTENER ESA CONDICIÓN DE FIJO". Así de contundente es la sentencia del Tribunal Supremo, recientemente publicada. En este acto expertos nos explicarán el alcance de esta sentencia histórica que despeja importantes obstáculos en los procesos de remunicipalización.



OS ESPERAMOS A TOD@S!!!







jueves, 31 de marzo de 2022

COMUNICADO: CONTRATOS PÚBLICOS DE PARQUES HISTÓRICOS Y VIVIEROS

 


Madrid, a 21 de marzo de 2022


Desde esta Plataforma Social queremos adelantarnos en la crítica a las futuras renovaciones de los Contratos Integrales de la Gestión de Zonas Verdes de Parques Históricos y Viveros Municipales de nuestra ciudad. Algunos de los parques más representativos y los viveros municipales que, hasta entonces estaban gestionados de manera directa, fueron incluidos en estos contratos privados, a pesar de tener personal y estructura para su funcionamiento al que únicamente había que dotar de los medios necesarios.

Hace más de 8 años grandes corporaciones empresariales licitaron estos servicios a la baja, situación que ha supuesto en muchas ocasiones el deterioro en los mantenimientos, el incumplimiento de objetivos y la precariedad de las condiciones laborales de su personal. Grandes negocios al mejor postor, que solo busca su beneficio económico con la connivencia de algunos gestores/as municipales.

Hay que seguir insistiendo en que la gestión directa de los servicios públicos, resulta mucho más económica a la vez que efectiva y eficiente para la ciudadanía. Sin embargo, la parte social presente en la negociación, en ningún momento parece cuestionar la renovación de los contratos, que son la causa principal del deterioro de este servicio y que suponen que las zonas que todavía son mantenidas con plantilla municipal se vayan reduciendo cada vez más. Ante esta falta de conciencia y lucha por recuperar lo público es de suponer que volveremos a ver nuestros servicios municipales en manos de grandes empresas, sin importar cuánto desfalco económico social y tributario suponga este hecho para los siguientes cuatro años.

En la observancia del contrato de Limpieza y Arbolado Viario que entró en vigor a finales del año pasado, vemos reflejado lo que será el siguiente. En el mismo, se dan contratos en prácticas con una remuneración del SMI, aunque la dotación económica en personal casi se duplicó en la licitación, aumentando 38 millones de euros al año, durante los 6 próximos, creando además, un desequilibrio económico entre trabajadores/as que desarrollan las mismas labores. Como en casos anteriores la plantilla no es esta siempre cualificada para cubrir todas las necesidades de nuestros jardines y espacios verdes. Por otro lado, si se presupone llegar a la paridad femenina en el sector, es más fruto de una artimaña de marketing, que además es bonificado a la empresa, que el cumplimiento de este hecho. Si a esta situación añadimos la continua utilización de subcontratas, la precariedad laboral se incrementa, así como la falta de cualquier sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Formación.

Es por ello que, ahora que se aproxima la finalización de los contratos de Gestión de Zonas Verdes de Parques Históricos y Viveros, es el momento de exigir la vuelta a la gestión directa, con aumento de plantilla municipal sacando a los buitres que despilfarran nuestros impuestos, de nuestras zonas verdes, de nuestro espacio público.




jueves, 17 de marzo de 2022

COMUNICADO SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (Sala de lo Social): L@S TRABAJADOR@S FIJOS DE UNA EMPRESA SUBROGADOS A UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "DEBEN MANTENER ESA CONDICIÓN DE FIJO"

 

LAS Y LOS TRABAJADORES SUBROGADOS QUE SE INCORPOREN A UNA ENTIDAD PÚBLICA, AL HACERSE CARGO DE LA PRESTACIÓN DIRECTA DE UN SERVICIO QUE ANTES GESTIONABA UNA EMPRESA PRIVADA, SI ERAN FIJOS EN SU TRABAJO DE ORIGEN, SERÁN FIJOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA

 

 

Así de claro lo deja la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS 270/2022 de 28-01-2022) recientemente conocida, y que al unificar doctrina, crea jurisprudencia para su aplicación en el futuro.

* Los hechos.

En 2017 el Ayuntamiento de Pamplona decidió remunicipalizar el Servicio de Asistencia Domiciliaria, que siendo de titularidad municipal, hasta entonces estaba siendo gestionado por una empresa privada. Por este motivo la plantilla fue subrogada e incorporada a la del Ayuntamiento, "como personal laboral indefinido no fijo hasta que se provea la plaza de forma reglamentaria o se proceda a su amortización", tal como se comunicó a las trabajadoras, y en aplicación de la doctrina que hasta ese momento se venía empleando en estos procesos.

Pero una trabajadora recurrió, reclamando la fijeza en su relación laboral, y un juzgado de lo social le dio la razón, al considerar que “la demandante, en virtud de sucesión empresarial, ostenta la cualidad de trabajadora fija del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA”. Recurrida la sentencia por el Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra le dio la razón y revocó la sentencia citada. Pero un nuevo recurso de la trabajadora, en ese caso de Casación ante el Tribunal Supremo (TS), ha desencadenado la convocatoria del pleno de la Sala de lo Social del citado tribunal, que ha dictado sentencia favorable a la trabajadora, y de paso unifica doctrina.

* El debate jurídico.

La misma sentencia del TS afirma que “se discute si la trabajadora de una empresa privada, cuando pasa a tener como empleador al Ayuntamiento, como consecuencia de la subrogación por transmisión de una unidad productiva autónoma, mantiene su condición de fija o se integra como personal indefinido no fijo (PINF)”.

El origen de este debate está en la posible contradicción entre la legislación laboral (Art 44 del Estatuto de los Trabajadores) y la legislación que regula las condiciones de acceso al empleo público con respeto a los principios de “igualdad, mérito y capacidad”, medio de procesos selectivos u oposiciones. Ante esta posible contradicción y vacío legal, los tribunales habían creado la figura del Personal Indefinido no Fijo (PINF), que hasta ahora había permitido la incorporación de las y los trabajadores d la empresa privada al sector público, cuando este vuelve a gestionarse directamente por quien ostenta su titularidad, pero con carácter de “No Fijo”.

Cabe recordar que el gobierno de Rajoy (PP), hasta en dos ocasiones a través de Disposiciones Adicionales de las leyes de presupuestos en 2017 y 2018, trató de dificultar aún más la subrogación del personal de las empresas privadas cuando se revertía el servicio a gestión pública creando más indefensión en las y los trabajadores, que ante un futuro incierto en cuanto a su estabilidad en el empleo, preferían mantener su relación laboral con la empresa privada, aún en condiciones precarias. Afortunadamente estas disposiciones adicionales fueron consideradas inconstitucionales, y por tanto eliminadas del ordenamiento legal.

* La legislación aplicable.

La falta de regulación clara de estos procesos en la legislación española ha sido suplida por directivas de la Unión Europea y sentencias de los Tribunales Europeos, que son las que han llevado al TS a la sentencia que estamos comentando.

Así la sentencia afirma que “la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, se ocupa de la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad… con objeto de "proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos".

Añade “que el cesionario de la actividad sea una persona jurídica de Derecho Público no excluye la existencia de una transmisión comprendida en el ámbito de aplicación de la norma, con independencia de que dicha persona jurídica sea una entidad pública encargada de un servicio público. Que el nuevo empleador sea (como en el caso de Pamplona) un Ayuntamiento no impide que la Directiva se aplique a la transmisión de las actividades que desarrollaba una empresa”.

* La conclusión del Tribunal Supremo.

El razonamiento principal en que se basaba la primera sentencia del juzgado de lo Social, y que el TS confirma, está en el hecho de que cuando se produce una subrogación, se debe hacer con los mismos derechos de la relación laboral de origen, y si hay una relación de fijeza, no se puede reducir con una nueva relación indefinida no fija, que supone una merma clara en los derechos de la trabajadora en este caso. Así de claro lo deja la sentencia que aclara la diferencia de si la relación precedente es temporal o de fijeza “Para la persona originariamente vinculada mediante un contrato temporal (la aplicación del PINF) se trata de situación favorable pues sigue prestando sus servicios y se le da la opción de aspirar a hacerlo con fijeza. Sin embargo, para la trabajadora recurrente eso mismo supone un claro detrimento pues debilita su vinculación y debe afrontar un riesgo (no superar las pruebas) que antes era inexistente.”

Por ello la sentencia expresa textualmente que “cuando existe, como es el caso, transmisión de una unidad productiva autónoma el ordenamiento jurídico prescribe la subrogación del nuevo empleador en las relaciones laborales preexistentes. No es admisible una parcelación subjetiva o la minoración de los efectos, como sucede cuando la modalidad contractual se altera en tal dirección.”

Y continúa que “Las posibles dudas existentes han sido despejadas por la STJUE 13 junio 2019, no porque se trate de un supuesto igual al presente sino, porque advierte que va contra el Derecho de la UE la minoración de derechos derivada de la condición pública del empleador cesionario.”

Como la legislación europea está por encima de la legislación española en esta materia, la citada sentencia deja claro que la Constitución Española (CE) no puede invalidar esta conclusión, afirmando que “La invocación que la STSJ recurrida realiza al respeto a las estructuras constitucionales de cada país aparece expresamente rebatida por el Tribunal de Luxemburgo. Quiere ello decir que de las previsiones del artículo103.3 CE (acceso a la función pública respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad) no puede derivar un argumento que impida aplicar las consecuencias dimanantes de la Directiva.”

* Fijación de la doctrina unificada.

“A la vista de cuanto antecede debemos unificar las dispares doctrinas enfrentadas. Lo hacemos afirmando que cuando una Administración Pública se subroga, por transmisión de empresa, en un contrato de trabajo que tenía carácter fijo debe mantenerse esa condición. Es inadecuado aplicar en este caso la categoría de personal indefinido no fijo, so pena de desconocer las exigencias derivadas de la Directiva 2001/23/CE.”

Esto significaría que en los procesos selectivos que convoquen las administraciones no podrán incluirse las plazas que estén ocupadas por personal subrogado fijo.

* Otras consideraciones

La sentencia no cierra todas las casuísticas que pueden derivarse de la misma, como los casos anteriores a la misma, o los posibles procesos selectivos en curso para proveer plazas ocupadas por trabajadores Indefinidos no Fijos. No obstante, al tratarse de una interpretación de la legislación

vigente por parte del TS, y no de una nueva disposición legal, posiblemente pudiera aplicarse con claridad a situaciones anteriores.

Sí entra en el posible fraude de contrataciones fijas en la empresa original cuando se prevea un proceso de reversión del servicio a la administración titular del mismo. Y así de explícito se manifiesta, “cuando se considere (y acredite) que ha podido existir una fraudulenta incorporación como personal fijo a una empresa cuya plantilla se previera acabaría integrándose en la Administración (lo que no es el caso), ha de quedar abierta la posibilidad de activar los resortes necesarios para privar de eficacia a esa maniobra torticera.”

También se pronuncia sobre posibles consecuencias de la nueva relación laboral en la entidad pública, acotando la misma. “La solución que hemos dado pacifica el conflicto actualmente existente. Sin embargo, conviene advertir que no estamos cerrando la posibilidad de que la dinámica de la relación laboral reabra el debate sobre el alcance de la fijeza respetada. Porque la misma posee todo su sentido en tanto el desarrollo de las funciones permanezca adscrito o relacionado con la unidad productiva que se transmitió, pero pierde su fundamento y finalidad en el momento en que ya no suceda así.” De esta manera se pone coto a que esta incorporación por subrogación pudiera convertirse en un mecanismo de acceso a la función pública con efectos ilimitados. Así lo aclara “La fijeza no está adquirida incondicionadamente en todo el ámbito de la empleadora, sino funcionalmente limitada al objeto de la transmisión, y sin perjuicio de que puedan acaecer vicisitudes que no nos corresponde ahora aventurar”.

De todo lo anterior, se plasma la seguridad jurídica que respalda las opciones político/sociales en favor de la reversión de la gestión en aquellos Servicios Públicos en los cuales estuviera privatizada. Así mismo, permite dejar a un lado el argumento esgrimido en ocasiones por diferentes actores que intervienen en estos procesos, actores políticos, sindicales, empresariales y en ocasiones, mediáticos y jurídicos.




miércoles, 23 de febrero de 2022

MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORAS SOCIOSANITARIAS DE AYUDA A LA DEPENDENCIA DOMICILIARIA

 

El domingo 27 de febrero, las trabajadoras Sociosanitarias de Ayuda a la Dependencia Domiciliaria (SAD) de todo el Estado, o sea las que cuidan de nuestras personas mayores, se manifiestan en Madrid para reivindicar la dignidad de sus condiciones de trabajo y del servicio que realizan.

¡¡¡Se merecen NUESTRO APOYO!!!

 

 

LAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE AYUDA A

DOMICILIO (SAD) EN LUCHA

Trabajamos con las siguientes condiciones laborales:

* Jornadas laborales agotadoras, con contratos parciales y sueldos de miseria.

* Enfermedades y lesiones no reconocidas.

* Explotadas por empresas privadas que degradan el servicio y precarizan a sus trabajadoras.

Esta no es sólo una reivindicación laboral, sino que también es la defensa de un servicio de cuidados que se sostiene con dinero público.

Por un sistema de cuidados que garantice la calidad de vida de las personas usuarias y dignidad laboral a las trabajadoras que desarrollan el servicio.

CONVOCAMOS una MANIFESTACIÓN en Madrid el domingo 27 de febrero a las 12 h desde la Pl. de la Villa a Pta. del Sol para reivindicar:

- Que en nuestro sector se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales.

- Que se reconozcan las enfermedades profesionales.

- Se aplique el epígrafe reductor de la edad de jubilación.

- Por la desprivatización del SAD.

Agradecemos de antemano vuestro apoyo

Convocan: Plataforma Unitaria del SAD, UDC (Unión de Colectivos), AMSAD (Plataforma de Madrid), OSAD (Sección Sindical trabajadoras del SAD)

 

miércoles, 16 de febrero de 2022

NUEVO CONTRATO DE OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LÍNEA MADRID Y LA OFICINA VIRTUAL

 

COMUNICADO

 

Contrato: “Apoyo a la Gestión de los Canales de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid”

 

Madrid, a 17 de febrero de 2022

 

     Desde esta Plataforma social, queremos desviar la atención a la repetida historia en la continuidad de la privatización de servicios públicos municipales por puro dogma o criterio ideológico. Esta vez le toca al contrato denominado “Apoyo a la Gestión de los Canales de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid”.

 

     Entre este contrato y el anterior existen pocas modificaciones, la principal es que el anterior equipo de gobierno reconvirtió a gestión directa las “Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OACs) de Línea Madrid y la Oficina Virtual”, mientras que en  las anteriores legislaturas de gobiernos del PP las habían privatizado mediante empresas con los perjuicios económicos que esto supone.

 

     El nuevo contrato vuelve a gestionarse de forma indirecta por el gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida, con los perjuicios económicos, laborales y sociales. El sobrecoste del contrato provocado por el IVA (21%), el Beneficio Industrial (7%) y los Costes de Estructura Empresarial (6%), se eleva a 23.836.799,61€ por 5 años de contrato, y si añadimos el año previsto de prórroga, cuyo sobrecoste está calculado en 7.221.872,57€, tendríamos un sobrecoste total de 31.058.672,18€, unos cinco millones de euros por año de contrato (+/- un 5% de margen de error por faltar en la documentación información económica).

 

     La gestión directa supondría un ahorro considerable que podría destinarse a mejorar el propio servicio, o a partidas presupuestarias para la ciudadanía más desfavorecida. Además, se pretende que un servicio que se presta con personal funcionario, se vuelva a prestar con trabajadores de empresas privadas perdiéndose calidad y seguridad en el empleo. Y deja información sensible de los y las ciudadanas en manos de personal de una empresa privada, lo que consideramos inadmisible.

 

     Además conviene recordar que el servicio de atención telefónica 010, que estaba incluido en el contrato junto a la atención en oficinas de Línea Madrid, sigue gestionado por una empresa privada, lo que supone también un despilfarro económico, unas peores condiciones laborales y el manejo de información sensible por una empresa privada.

 

     Debemos recordar, que para todos los contratos públicos por mandato legal, las organizaciones públicas solo están autorizadas a acudir al mercado cuando existe una necesidad de un bien o un servicio y no son capaces de satisfacer dicha necesidad con sus propios recursos. La necesidad es la que justifica el contrato, la idoneidad es el requisito del contrato para satisfacción de la necesidad. Tanto la necesidad como la idoneidad deben ser determinadas con precisión en el contrato. El objeto del contrato no justifica ni la necesidad ni la idoneidad.

 

Plataforma de Trabajadoras y Vecinas por la Remunicipalización y Gestión

Directa de los Servicios Públicos de Madrid




miércoles, 12 de enero de 2022

NUEVOS CONTRATOS DE LIMPIEZA VIARIA Y JARDINERÍA, ¡EL DESPILFARRO!



Compañer@s:


Os dejamos el informe que ha realizado la plataforma sobre el nuevo contrato de limpieza viaria y jardinería que entró en vigor el pasado 1 de noviembre de 2021. El informe detalla el sobrecoste que supone este contrato para las arcas municipales y como la inversión que se realiza por habitante no es igual en todos los distritos.




Seguimos trabajando por la gestión directa de los Servicios Públicos.

Salud





jueves, 16 de diciembre de 2021

COMUNICADO JARDINEROS Y JARDINERAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: LO TUYO , LO NUESTRO, LO PÚBLICO

LO TUYO, LO NUESTRO, LO PÚBLICO


En octubre del 2022 finalizará el Contrato 6 de gestión integral del servicio público de Parques y Viveros municipales que entró en vigor a principios de 2014, siendo alcaldesa Ana Botella. Dentro de este contrato de gestión privada se incluyeron algunos parques históricos y los viveros municipales que, hasta entonces, habían sido gestionados directamente con estructura y personal municipal. En el objeto general del Pliego de Condiciones del contrato se alegaba que: “Al no disponerse, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de medios propios suficientes para la realización del servicio objeto de la presente contratación (tanto de personal como de medios mecánicos), se hace necesaria la contratación de una empresa privada.” Tan sencillo pues, como dotarlos de los medios propios suficientes...Como ya es sabido, la estrategia para privatizar los servicios públicos pasa por deteriorarlos, no dotarlos del personal y de los medios necesarios y así justificar su privatización. Durante años ésta ha sido la situación vivida en los parques y viveros en los que la plantilla fue disminuyendo progresivamente, no se dotaba a los centros de los recursos necesarios y se fue acabando con otros oficios que permitían una gestión autónoma, como eran carpintería, fontanería, electricidad, albañilería, pintura... La entrada en vigor del contrato supuso la privatización total del Parque de la Fuente del Berro y La Rosaleda del Parque del Oeste y se relegó al personal municipal a determinadas zonas y a realizar menos labores propias de sus puestos de trabajo y categorías , ya que les corresponde hacerlo, según los pliegos de condiciones, a las empresas adjudicatarias de estos contratos, dándose una situación absurda e ineficaz de gestión del servicio, pagando a una empresa privada por un trabajo que ya realizaba personal municipal cualificado, tanto técnico como operario y dependiendo de la empresa para recursos y suministros. Es decir, se da dinero a unas empresas cuya razón principal es la obtención de beneficios, para proporcionar, por un lado, recursos humanos de cualquier gremio que nada tienen que ver con la jardinería, y por otro, para proporcionar unos suministros subyugados a maximizar el beneficio. Un hurto a la ciudadanía. Estos Parques y Viveros donde, según las excepciones al contrato, hasta ahora se ha mantenido personal municipal son, además, espacios singulares, que requieren especial atención:

 - Casa de Campo, mayor pulmón de Madrid con 1700 hectáreas de zonas verdes, y más de 450 años de existencia. 
 - Parque de El Buen Retiro, la joya de la corona (con casi 400 años…) y reconocido desde este año como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial de la UNESCO.
 - Torre Arias, última Quinta cedida al pueblo de Madrid gracias a la lucha vecinal y de jardineras y jardineros municipales que no sólo evitaron que fuera cedida a una entidad privada, sino que una vez recuperada, es gestionada sólo con personal municipal y por lo tanto gestión directa para disfrute del pueblo de Madrid. 
 - Los viveros municipales, viveros históricos con más de 200 años de historia, produciendo allí la planta de temporada, arbustos y árboles que han abastecido durante años buena parte de la vegetación de las zonas verdes de la ciudad, aunque, precisamente con la entrada del contrato se redujo la cantidad de planta destinada a los parques, comprándola en viveros particulares, con el sobregasto que significa, sin ningún otro beneficio que el privado. En la actualidad también se abastece a los huertos urbanos y colegios de planta hortícola, con finalidad educativa.

 Además, todos estos parques y viveros cumplen una función pedagógica y divulgativa de la que se benefician las personas que acuden a visitarlos. Uno de los privatizadores firmantes en el anterior Pliego de Prescripciones Técnicas, forma parte ahora del equipo negociador con la parte social, acompañado por la antigua conservadora del Parque del Retiro, que ya intentó, la negociación de la salida del personal municipal de este parque, no llegando a conseguirlo. El objetivo para el próximo contrato, es seguir reduciendo cada vez más al personal funcionario de estos servicios y sacarlo definitivamente del Parque del Retiro para cedérselo a la empresa privada. Encima de la mesa de negociación no parece que vaya a considerarse la posibilidad de recuperar la gestión directa, con el ahorro económico para la ciudadanía que esto supone, sino la entrega de nuestros parques a grandes empresas concesionarias, que solo buscan su beneficio económico con la contratación de personal no formado y empleos precarios con subcontratas, sistema de gestión que ha sido asumido por algunos miembros del personal Técnico Municipal. Preservar una jardinería pública y sostenible no es compatible con el objetivo de lucro que tienen las empresas, sino que debe ser obligación de la Administración, el Ayuntamiento, que cuenta con la estructura organizativa y el personal técnico y jardinero cualificado que lleva años cuidando con esmero este patrimonio único de la ciudad de Madrid. No es cierto que la gestión privada sea más eficaz. El propio Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que reconoce que la gestión directa de los servicios de mantenimiento de las ciudades sale mucho más barata que la gestión privada, sobre todo en grandes ciudades, en las que la diferencia puede llegar a ser del 71%. Únicamente en IVA y beneficio empresarial, el ahorro es ya considerable, sin tener en cuenta sobrecostes en materiales y que, en la búsqueda de beneficio económico, se recorta en calidad y en condiciones laborales. Es por ello que, ahora que finaliza el contrato, es el momento de recuperar para la gestión directa, como mínimo, todos estos Parques y Viveros que cuentan con personal y estructura municipal para garantizar mejor servicio, mayor calidad y menor coste además de impedir la privatización definitiva del Parque del Buen Retiro. Existe un aumento en la tendencia internacional de recuperación de la Gestión directa en los servicios Públicos, que suponen una gestión dotada de mayor transparencia para la ciudadanía que será la principal beneficiaria de este modelo de gestión. Experiencias que también se dan en otras ciudades de nuestro país, de diverso signo político y con éxito demostrado. Por todo lo expuesto creemos necesaria la divulgación a la ciudadanía de esta situación, que le atañe directamente, incluyendo al personal Municipal, para que se sume al llamamiento en defensa de nuestros Servicios Públicos.

Jardineros y jardineras del Ayuntamiento de Madrid. 
jardineriapublicamadrid@gmail.com