lunes, 19 de septiembre de 2016
jueves, 21 de julio de 2016
(RE) MUNICIPALIZAR EN CIUDAD LINEAL, NO GRACIAS
COMUNICADO PLATAFORMA DE REMUNICIPALIZACIÓN
En
el último pleno del distrito de ciudad lineal, varias colectivos y asociaciones
vecinales presentaron una propuesta para que el pleno de la Junta municipal se
posicionara con respecto a la contratación del servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos. Esta propuesta fue presentada para la intervención en el
anterior pleno de mayo y se denegó la inclusión de la misma en el pleno. Las
asociaciones y colectivos proponían que no se sacara a concurso el servicio y
se hiciera cargo el Ayuntamiento directamente de dicho servicio.
Explicada
y desarrollada la propuesta, se pasó a su discusión, informando los colectivos de
la necesidad de que el servicio se prestara directamente por el Ayuntamiento,
con la incorporación de la actual plantilla de las empresas que hasta ahora
están prestando el servicio.
Nuestra
sorpresa fue mayúscula, cuando se procedió a la votación nominal (no por grupo
como se hace habitualmente) y, sobre todo, por el desenlace de la misma. El
resultado de la votación fue el siguiente: 9 vocales vecin@s del PP en contra,
l@s 3 de Ciudadanos se abstuvieron, l@s 4 del PSOE votaron a favor y en Ahora
Madrid, curiosamente, se repartieron los votos, 6 a favor, 1 abstención, 1 en
contra y la abstención de la concejala. Es decir, 10 a favor, 10 en contra y 5
abstenciones, empate. Ante tal resultado, la concejala del distrito, Yolanda
Rodriguez, de Ahora Madrid, comunicó que la decisión dependía de su voto de
calidad, pero al haberse abstenido el resultado no variaba. Así que, sin rubor
alguno, cambió su decisión y votó en contra de la propuesta presentada.
Creemos
que el comportamiento de la concejala y de otros componentes del grupo Ahora
Madrid, no es solo un incumplimiento en su programa político, sino un insulto a
todos los que hemos estado y estamos trabajando para cambiar Madrid, para
devolver Madrid a los y las madrileñas y evitar que las grandes empresas sigan
lucrándose a costa de una deficiente prestación de servicios municipales
esenciales para la población madrileña y de los y las trabajadoras de estas
empresas.
Exigimos
a Ahora Madrid que deje clara su postura en este tema y sus concejales y
concejalas cumplan con los objetivos por los que fueron elegidos.
lunes, 6 de junio de 2016
ARTÍCULO REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES: REMUNICIPALIZACIÓN SSPP MADRID. ALGUNAS REFLEXIONES
LA (RE)MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:
ALGUNAS REFLEXIONES
Introducción
(RE)MUNICIPALIZACIÓN:
Pocas palabras habrá en la jerga sociopolítica, tan difíciles de pronunciar y
al mismo tiempo tan presentes en la vida institucional, en particular desde las
pasadas elecciones municipales en las que numerosas candidaturas accedieron al
gobierno con programas remunicipalizadores. Este término, aunque no sea preciso
de manera estricta (la titularidad nunca dejó de ser pública), quiere reflejar
la tendencia hacia la vuelta de la gestión directa de dichos servicios que estaban siendo prestados por empresas privadas
mediante contrato de gestión.
Las políticas
privatizadoras tuvieron gran impulso en la época del tándem Reagan-Thatcher y
las dictaduras latinoamericanas de los 70, y fueron incorporadas por el resto
de países europeos y las instituciones de la UE a partir de la caída del muro
de Berlín que marca el inicio del proceso de desmantelamiento del estado del
bienestar. En el caso del estado español los gobiernos de los partidos
mayoritarios abrazaron esta tendencia, favoreciendo además que las grandes empresas
constructoras se metieran en el sector de servicios sociales y sanitarios, para
compensar la caída de beneficios ocasionada por el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria.
Esta
introducción de las empresas en lo público, fue acompañada de una importante campaña
mediática para desprestigiar la gestión pública directa, tratando de convencer
a la población de que lo público funciona mal (críticas calumniosas hacia los
trabajadores –caso Dr. Montes- y
deterioro programado de algunos servicios esenciales), y que en cambio lo
privado es más eficiente y barato, utilizando para ello a técnicos
supuestamente neutrales, que luego resultaban ser empleados o asesores de
algunas grandes empresas.
La campaña hizo daño, pero no obtuvo todos los resultados buscados,
pues de hecho la población sigue valorando en general los servicios públicos
por encima de los de gestión privada, hasta el extremo de que en casos límite
(por ejemplo intervenciones quirúrgicas) muchos pacientes prefieran esperar
varios meses antes que operarse en pocos días en una clínica privada.
Los cada vez
más numerosos casos de corrupción, mal funcionamiento, sobrecostes descontrolados, recortes y precariedad
laboral, asociados a servicios públicos gestionados por empresas, han abonado
el terreno para invertir el movimiento del péndulo hacia la vuelta a la gestión
directa de lo público.
Las ventajas de la
municipalización
Aunque ninguna
afirmación se puede realizar en términos absolutos, pues excepciones hay en
todas partes, cada vez hay más estudios e informes que indican que la gestión
pública directa de los servicios es más ventajosa por los siguientes aspectos:
-
Calidad del servicio: Las
empresas contratistas están para ganar el máximo dinero posible; si bajan los
costes (reduciendo medios en cantidad o calidad) consiguen aumentar los
beneficios que van a los bolsillos de los accionistas. Con la gestión directa
desaparece esta tensión, los posibles beneficios se reinvierten en mejorar el
servicio o abaratar el precio, y además la institución dispone de los resortes
para controlar que el servicio funcione bien, sin tener que andar detrás de la
empresa contratista que luego hace caso o no.
-
Condiciones laborales de los
trabajadores. Otra manera de aumentar los beneficios empresariales el abaratar
costes laborales, ocasionando un deterioro generalizado de las condiciones
laborales de los trabajadores, afectados por despidos, ERTEs, bajada de sueldos, subcontrataciones, pérdida de
derechos, etc., lo que sin duda repercute negativamente en las condiciones del servicio
que se presta.
-
Ahorro presupuestario: La
eliminación de los contratos supone la desaparición de partidas como el
beneficio empresarial o el IVA que
engordan innecesariamente la factura del servicio pagado por el Municipio. El
Tribunal de Cuentas y otros organismos han realizado informes que avalan estos
ahorros de la gestión directa, que en algunos casos ha llegado hasta un 50%.
-
Participación en la gestión: La
gestión directa del servicio no garantiza que se realice de manera participativa;
de hecho es una de las asignaturas pendientes de todas las administraciones.
Pero mientras la gestión privada niega por principio la participación, la
directa al menos sí posibilita que trabajadores y usuarios participen, en los
términos que se considere, en la gestión del servicio; y en la medida que esto
ocurra, la implicación será mayor, repercutiendo
en una mayor eficacia de los recursos e incluso un ahorro de costes.
La legislación, ¿una traba o un impulso a la remunicipalización?
El período
2011-2015 ha modificado sustancialmente el panorama legal en bastantes ámbitos;
y la administración local no ha estado ajena a este vendaval reformador.
Aunque la idea
que ha quedado en la opinión pública es que se ha quebrado la autonomía municipal
(los primeros proyectos así lo apuntaban), tanto las leyes finalmente
aprobadas, así como alguna sentencia del Tribunal Constitucional, han dejado
las cosas no muy diferentes a como estaban antes de las reformas.
Parece también
que la legislación ha blindado la gestión privada de los servicios, cuando esto
tampoco ha ocurrido, ni siquiera a nivel de legislación europea (al menos
todavía). De hecho si se repasan los artículos correspondientes en la ley de
bases de régimen local, sigue considerando la gestión directa como la natural,
y la indirecta como algo posible pero excepcional.
Más importancia
ha tenido la aplicación de las políticas de contención del gasto. Pero frente a
lo que se piensa y se ha divulgado por la opinión pública, estas reformas en realidad
resultan un incentivo, y no un obstáculo, a la remunicipalización, ya que
estimulan el ahorro, y está cada vez más demostrado que la gestión directa es
más beneficiosa a las arcas municipales.
La ley de
Presupuestos ha limitado la contratación de personal en la administración
local, pero con la excepción de aquellos servicios esenciales que le son
encomendados por la ley, lo que limita la restricción sólo para aquellas
actividades complementarias.
La reversión
de los servicios puede hacerse tanto con el contrato en vigor como a la
finalización del mismo.
En el primer
caso el problema se reduce a una cuestión económica, de indemnización a la
empresa contratista. Estas indemnizaciones pueden reducirse hasta la nada si se
demuestra que ha habido incumplimientos flagrantes por parte de la contratista
(lo que suele ser demasiado habitual, aunque las instituciones, en muchos
casos, prefieran hacer la vista gorda, por desidia o connivencia con las
empresas). Incluso puede compensar pagar la indemnización, ya que su montante
puede ser inferior al ahorro que supondría la gestión directa en los años que
queda de contrato.
En el caso de
remunicipalizar a la finalización del contrato, se evitan estas indemnizaciones
y pleitos engorrosos de incierto desenlace.
Las consecuencias laborales.
Uno de los
asuntos que más polémica está creando es la cuestión de las condiciones en las
que queda el personal de la empresa privada.
El hecho de que sea aplicable en este caso la legislación
administrativa (Mérito y Capacidad-Función Pública) y la laboral
(Subrogación-Estatuto de los Trabajadores) no ayuda precisamente para tener una
salida clara a los procesos de remunicipalización. Pero el que no ayude, no
significa que lo impida, y de hecho la jurisprudencia se ha encargado de idear
fórmulas intermedias (los indefinidos no fijos) que resuelven, aunque sea de
manera transitoria, la situación.
Las direcciones
de algunos sindicatos tampoco están ayudando a resolver esta dualidad. Los que
representan al personal ya adscrito al municipio tienen tendencia a enfatizar
la vía administrativa exigiendo un proceso selectivo como única opción de
acceso. Pero esta posición, tomada en términos absolutos, supone en la práctica
prolongar en el tiempo el hecho de que sea la empresa la encargada de realizar
la selección (no sujeta a los criterios de mérito y capacidad) del personal que
presta el servicio público, en condiciones precarias en muchos casos, con lo
que una posición maximalista por un criterio supuestamente superior lo que hace
es impedir en la práctica dar pasos hacia ese objetivo, dejando el servicio de
manera permanente en manos privadas.
Resumiendo
Los municipios
tienen obligación de prestar los servicios, de los que son competentes, de la
manera más eficaz y beneficiosa tanto para sus propios intereses como de los
vecinos a los que van dirigidos. Y la experiencia indica que la gestión directa
es la que mejor cumple
con estos criterios.
Los
municipios siguen gozando de una amplia autonomía para decidir la forma de
gestionar los servicios de los que son competentes.
En los
últimos años se han producido reformas legales que complican en parte esta
facultad, pero en ningún caso la cierran; incluso empujan a la gestión directa,
por su menor coste.
Es necesario
cubrir la laguna legislativa que aclare las modalidades de incorporación de los
trabajadores que prestan sus servicios en las contratas, de modo que no se
pierdan derechos y lo haga compatible con las garantías de mérito y capacidad.
En lugar de
poner obstáculos, los agentes sociales deberían removerlos, para lograr que el
proceso no tenga consecuencias traumáticas (despidos), sin que esto signifique
un coladero arbitrario hacia la función pública.
No existen fórmulas infalibles ni
absolutas; si así fuera los tribunales no tendría trabajo en esta materia. Lo
que se necesita son iniciativas que respeten la ley y los derechos del conjunto
de los trabajadores, de manera que los costes, en términos sociales, sean los
menos posibles. Experiencias hay muchas,
y de todas se puede aprender.
Conseguir llevar a buen puerto estos
procesos de remunicipalización va más allá de las opciones ideológicas y
políticas (caso del ayuntamiento de León gobernado por el PP), pues se trata de
una obligación social y legal de las
corporaciones locales, de cuyas consecuencias se beneficiarán la gran mayoría
de la población y la propia institución.
Para conseguirlo
es necesario disponer de un plan que prevea todos los contratos susceptibles de
ser municipalizados, contemplando las particulares características de cada uno
de los servicios afectados, pues seguramente no habrá dos procesos iguales.
Junio 2016 Pedro Casas
Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de
Madrid
miércoles, 25 de mayo de 2016
lunes, 23 de mayo de 2016
BASTA DE REPRESIÓN EN ASISPA, NO A LOS DESPIDOS EN LA ROSA
¡BASTA DE REPRESIÓN EN ASISPA, NO A LOS DESPIDOS EN LA ROSA!
La plantilla del Centro Abierto La Rosa, de la red municipal de atención a personas sin hogar de Madrid, llevamos años sufriendo los efectos de la privatización de los servicios sociales. Años de precariedad laboral y de medios materiales que, como no podía ser de otra manera, afecta directamente a las personas usuarias del centro.Las empresas del sector de la intervención social (muchas de ellas disfrazadas de entidades sin ánimo de lucro) llevan décadas actuando como si los servicios sociales fueran su cortijo. Y en la práctica así es. No se cumplen los pliegos contratados con la administración, muchas empresas se niegan todavía a aplicar el convenio de Acción e Intervención Social (en vigor desde el pasado 3 de julio), la prevención de riesgos laborales es un paripé, la formación del personal una tomadura de pelo...como es de esperar cuando lo único que importa es el lucro económico.
ASISPA (empresa que gestiona el Centro Abierto La Rosa) es un ejemplo paradigmático de lo expuesto. Se niega a aplicar el convenio, actualmente la precariedad laboral es la tónica general (aproxidamente la mitad de la plantilla tiene un contrato temporal, y más de la mitad un contrato a tiempo parcial) y los sueldos son de mera subsistencia. Además, su gestión es profundamente autoritaria, llegando a extremos como negarse a abonar los festivos trabajados o a reconocer el permiso por hospitalización de familiar (¡esta es la sensibilidad de ASISPA!).
Ante esta situación, la plantilla está reclamando sus derechos: que se aplique el convenio, que se cumpla íntegramente el pliego, que la prevención de riesgos laborales se tome en serio, etc. Conscientes de que bajo la gestión privada esto es imposible, hemos solicitado formalmente al Ayuntamiento de Madrid la municipalización del servicio manteniendo los puestos de trabajo.
Como respuesta, la empresa ha optado por la represión, despidiendo a 6 compañeras con la forma de la no renovación (a pesar de que el convenio dice, textualmente, "en caso de que el contrato eventual sea rescindido al finalizar su duración, no se podrá contratar ningún otro trabajador o trabajadora eventual para ocupar el mismo puesto hasta que transcurran 5 meses"). Y para colmo, la empresa intenta silenciar a los trabajadores y a los usuarios, arrancando con sus propias manos una directiva de ASISPA pancartas y carteles contra los despidos, en un patético acto de soberbia.
No lo podemos permitir. Por eso vamos a pedir amparo frente a la patronal al gobierno municipal de Ahora Madrid, porque es NUESTRO Ayuntamiento. Y también vamos a recordarle que la municipalización de los servicios públicos va en su programa electoral. Por esta razón, como representantes de los trabajadores del C.A. La Rosa, llamamos a participar en la manifestación por la remunicipalización de los servicios públicos del próximo 9 de junio (19 horas, de Plaza de la Villa a Cibeles). Manuela, lo prometido es deuda
¡CONTRA LA REPRESIÓN PATRONAL, MUNICIPALIZACIÓN!
jueves, 19 de mayo de 2016
FORO MOVIMIENTOS SOCIALES MADRID 2016
Hoy la Plataforma por la (Re) Municipalización de los Servicios Públicos participará en los talleres programados por Foro de Movimientos Sociales de Madrid. OS ESPERAMOS!!!
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