REMOVER LOS OBSTÁCULOS PARA EL EJERCICIO DIGNO DEL DERECHO A LA ATENCIÓN
A LA DEPENDENCIA
Las administraciones
públicas, Central y Autonómica competentes en esta materia, todavía no se han
enterado que la ayuda a la dependencia es UN DERECHO reconocido por la Ley 39/2006,
al que deben poner los medios para su disfrute pleno.
La Constitución Española
(CE) tiene muchos artículos dedicados al ámbito de los derechos sociales, pero,
al no tener un desarrollo normativo, la mayoría de ellos se quedan en la mera
declaración. Es lo que pasa por ejemplo con el artículo 47 que establece “Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada”; la realidad es bien distinta.
Es en 2006 (28 años después
de la CE) cuando una norma reconocía y regulaba el derecho a la atención a la
dependencia, que a partir de entonces obliga a las administraciones a
cumplirlo; se creaba la herramienta necesaria para paliar un déficit
institucional. No
obstante esta norma nacía con dos defectos de origen:
-
Reconocía el derecho a la atención, pero no a la atención
SUFICIENTE.
-
Establecía la prestación por cuidados en el entorno familiar (Art.
18), que aunque decía que sería excepcional, acabaría siendo el caso
mayoritario, estimulado además por incentivos fiscales.
La conclusión es que la figura de la cuidadora familiar se
convierte en el pilar fundamental que sostiene el sistema.
Unos presupuestos escasos, una
derecha que ha sido beligerante contra la citada ley llegando a boicotearla en
algunas Comunidades, y una gestión en manos de empresas privadas, (muchas
de ellas Fondos Buitre),
cuyo único interés es la obtención de beneficios privados, han dejado a esta
ley maltrecha.
Ya se sabe que el disfrute a
unos derechos está muy condicionado por el grupo social de pertenencia. Si se
trata de un colectivo con pocos recursos económicos y sociales, como es el caso
de las personas dependientes, tendrá más posibilidades de que no se disfrute
como debería, lo que es una realidad patente a día de hoy.
Han tenido que morir de
manera indigna miles de personas mayores en residencias, sin poder despedirse
de sus seres queridos y en completo abandono, para que la sociedad tome algo de
conciencia del asunto, y haya decidido decir “YA BASTA”.
Cualquiera de las
modalidades de atención a la dependencia, sea la domiciliaria, la teleasistencia,
la residencial o en centros de Día, tiene unas listas de espera que hacen que diariamente
mueran 85 personas (30.000 al año) sin haber podido acceder a la prestación a
la que tendrían DERECHO. ¿No deberían estar encarcelados e inhabilitados todos
los cargos públicos responsables de este incumplimiento? Como
vemos continuamente, la Fiscalía y la Justicia no son imparciales cuando los
derechos de los débiles chocan con los intereses de personas o entidades que
tocan poder.
¿Cuáles son los principales
obstáculos para que la atención a la dependencia sea realmente un derecho del
que se pueda disfrutar con verdadera dignidad? Se pueden concentrar en estos tres:
-
El poder económico, que se opone sistemáticamente a que el Estado
en su conjunto dedique recursos a la atención social (“hay que adelgazar el
gasto público”, dicen siempre, pero a la hora de pedir son siempre los
primeros). Son las empresas privadas las
que gestionan casi toda la dependencia, y pretenden seguir disfrutando de los
beneficios que les proporciona este sector de demanda segura y dinero público.
-
Las instituciones públicas, gestionadas generalmente por partidos
políticos que, salvo raras excepciones, son los gestores de los intereses
económicos antes citados, y por tanto se oponen a devolver al sector público lo
que nunca debió gestionarse por intereses privados.
-
La mentalidad patriarcal, que por desgracia impregna con mucha
fuerza nuestra sociedad, y que considera que el estado sólo debe intervenir
cuando las personas dependientes no disponen de un apoyo familiar, obligando de
esta manera a las esposas, hijas y familiares a cargar con estos cuidados,
hipotecando su propia vida y salud, siendo las mujeres las depositarias de esta
“responsabilidad social”.
Pretender avanzar en el
derecho a una atención digna de la dependencia, supone combatir estos tres
factores negativos, que se retroalimentan de manera continua. Sólo abriendo
camino por ahí, se podrá conseguir que el ánimo de lucro quede fuera de la
gestión de la dependencia, que la dotación presupuestaria cubra las necesidades
reales y que el personal sea el adecuado, en número y cualificación, y con unas
condiciones laborales decentes, lejos de la precariedad actual.
Vivimos un momento de grave
emergencia social, y es más urgente aún, emprender el cambio de sistema de
atención a la dependencia para reconocer el derecho universal a la atención
suficiente y de calidad por parte de los Servicios Públicos.
El Defensor del Pueblo, acaba de
hacer público su informe anual, ocupándose como viene siendo habitual, de las
carencias de las Instituciones públicas en la atención a la dependencia. En
relación con las Residencias de Mayores afirma que “se requiere de un significativo
esfuerzo presupuestario para dotar más plazas”, y que “Es necesario un número suficiente de personal para prestar servicios en
los centros residenciales. Por tanto, se requiere una profunda revisión al alza
de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad
asistencial, pues se han quedado manifiestamente desfasadas. Los usuarios con dependencia son más y su
dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente respetuosa
con sus derechos.” (El subrayado es
nuestro).
“En definitiva –prosigue el informe-, resultan necesarias reformas normativas de
calado que garantice a los mayores el ejercicio de una serie de derechos y que
se preste una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora
en los centros residenciales que permita hacer frente a toda una serie de retos
que hoy tiene planteado este sector, y que con toda seguridad se incrementará
en un futuro inmediato”.
Procede exigir el establecimiento
del derecho universal a la atención suficiente y directa por parte de los
servicios públicos, lo que significa financiación suficiente (o sea incremento
notable de la misma) para servicios públicos de calidad, suprimiendo las
desgravaciones. Es una responsabilidad de los poderes públicos, que nos tocará
recordar en la calle, si queremos salir de la dramática situación que vivimos
en esta materia.
